La comunidad de Madrid deniega justicia gratuita

La comunidad de Madrid y la comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, niegan la asistencia jurídica a una familia numerosa compuesta por 5 miembros entre los cuales se encuentran 3 menores de edad dicha comisión aduce que los ingresos netos que esta familia tiene mensualmente superan la barrera impuesta por la ley dentro del artículo 5 de la Ley 1/1996 del 10 de enero que está en dos salarios mínimos interprofesional.

Pero lo relevante de esta negación está en que ni la comunidad de Madrid, ni la comisión de asistencia jurídica gratuita han tenido en cuenta los agravantes que tiene esta familia, y que son las causas por la cuales se ha presentado la solicitud para poder litigar dentro de un proceso CONCURSAL DE SUSPENSIÓN DE PAGOS, ya que dentro de su balance económico familiar se puede observar que mensualmente hay un déficit que supera los 3500€, déficit que ha sido el detonante para que esta familia haya tomado la decisión de entablar un proceso de suspensión de pagos voluntario y por lo cual solicitaba la asignación de un abogado y un procurador de oficio, pidiendo que se le conceda el derecho a litigar como pobres.

Los Servicios Jurídicos de AESCO, que lleva la dirección jurídica de la UPVFHII, recurren la decisión ante el Juzgado Decano de Madrid, quejándose de vulneración del derecho al acceso a la justicia, y de la no tutela efectiva de los derechos fundamentales de los miembros de la plataforma.

Igualmente, se pide la concesión provisional y urgente de la Justicia Gratuita, hasta tanto se resuelva por el señor Magistrado Juez, el recurso de queja.

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La UPVHII, prepara concentración para denunciar la concesión privatista de la administración de Justicia, de la Comisión de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid, la que se convocará a expensas de una reunión que se sostendrá con dicho organismo

Adjuntamos el Documento que se ha elaborado como IMPUGNACIÓN a la negación por parte de la Comunidad de Madrid y la Comisión de Justicia Gratuita.

Se han suprimido los nombres y datos personales de esta familia, para que puedan ejercer su derecho a la protección de datos estipulado en la constitución Española vigente

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